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| Tomado de pulzo.com |
Hace
algunos días vi en el muro del Facebook de uno de los amigos míos, una
publicación en la cual se quejaba porque al dejar su carro unos minutos en una
calle le cobraron una extorsión.
En casi todos los
barrios de Medellín, la famosa “vacuna” es el pan de todos los días. Las bandas
delincuenciales que operan en la ciudad le cobran a todo el mundo “la
colaboración”. Nadie se salva de pagar esos impuestos. Son tan organizados quienes
realizan las extorciones que tienen sus días y sus horas para pasar por los
locales comerciales, las viviendas y hasta por pequeñas chazas a cobrar la “de
ellos”.
El problema de la
extorsión es el temor que genera en todas las personas y la falta de denuncia
que hay a raíz de ese miedo. Porque desconocimiento no hay, los extorsionistas
son conocidos por todo el mundo en el barrio y en las calles, a plena luz del
día se suben a los buses para cobrar la vacuna. La misma policía debe de estar
enterada de la situación pero no deben realizar capturas porque tendrían que
liberar inmediatamente a los delincuentes por la falta de denuncia.
Las “vacunas” son un
mercado que mueve billones de pesos al año,
mientras en el Congreso de la República debaten una nueva Reforma Tributaria
para aumentar los impuestos, deberían discutir cómo acabar con el flagelo de la
extorsión y así hacer que los pequeños negocios aumenten su crecimiento y puedan
generar más empleo que contribuya con el mejoramiento de la calidad de vida de
muchas más personas que a la larga podrían pagar impuestos con el dinero
honrado de su trabajo.
La situación no parece
que fuera a cambiar muy rápido; más fácil nos tendremos que acostumbrar a que
cada día seamos más los afectados por las extorsiones, que a ver un Estado
comprometido con la erradicación de éste fenómeno delincuencial. El tema es un
círculo vicioso: la gente no denuncia porque la policía no captura a los extorsionistas
y la policía dice que no hace capturas porque no hay denuncias.
Pero lo más raro no es
que los extorsionistas no estén en la cárcel, lo más triste y paradójico es que
desde las mismas penitenciarias realicen llamadas extorsivas con el fin de
ganar dinero: realizan llamadas haciéndose pasar por miembros de la policía que
tienen retenidos a un familiar por porte ilegal de armas o por cualquier otro
delito. Lo primero que hacen es decirle a la victima que no le cuente a la
familia más cercana del presunto retenido, de ahí exigen que hagan una recarga
al número de celular del cual están llamando “para estar en contacto” ya que el
celular del retenido lo tienen incautado. Para poder consumar su extorsión,
amenazan a la víctima con enviar a la cárcel al familiar sino pagan lo más
pronto posible la suma de dinero que ellos exigen, en su mayoría son montos de
600 mil a un millón de pesos. Para que
el drama se haga más real, durante la llamada, los cómplices del supuesto
policía están todo el tiempo haciendo fono mímica para aparentar conversaciones
por radio y acosando a su “teniente” para que se lleven al delincuente retenido
para la cárcel.
En la mayoría de esos
casos los sujetos que realizan las llamadas están internos en las cárceles
máxima seguridad que hay en Colombia, donde al parecer, es muy sencillo
ingresar un teléfono celular y es muy difícil conseguir un aparato que bloque
todo tipo de comunicaciones a través de los teléfono móviles.
Después de todo lo
único que quedan son preguntas: ¿Cuándo se creara una política antiextorsión
que verdaderamente acabe con ese flagelo? ¿Será que la Policía, la Fiscalía no
se da cuenta que en casi todos los locales comerciales de Medellín se paga
vacuna? ¿Será que algunos miembros de la Policía en algunos barrios son
cómplices de los extorsionistas?
